Una mirada empírica.
En estos días aciagos del intento de magnicidio a nuestra Vicepresidenta, se ha dicho mucho. Entre tanto, he escuchado a algunos/as comunicadores decir que las redes son algo a lo que no hay que prestar tanta atención, que son un “género menor”, que son virtuales, que lo que sucede “queda ahí”. Una repetición de hechos de odio incitados desde Internet parecen contradecir esa postura. La incitación al odio efectuada de forma sistemática se produce contra un grupo o una persona que es discriminada por determinadas condiciones: condición social, características físicas, identidad de género, sexo, ideología, posición política y/o sindical, posición económica, xenofobia, entre otros.
Las redes sociales son una señal totalmente eficaz para determinar cuándo un discurso va “haciendo mella” en las sociedades. En la calle, en las familias, en los trabajos, en las escuelas. Si Internet, esa bella herramienta que -dicen- iguala las voces ante las audiencias, da las primeras alarmas de discursos de incitación al odio, Twitter suele dar la primeras señales de esa amplificación que, más temprano que tarde, llegará. Porque Twitter es la inmediatez por excelencia.
La discriminación en Internet no queda fuera del ámbito de convivencia humana, no queda en un limbo de la virtualidad, porque sus consecuencias son reales. E involucran a personas. Hay, sí, una retroalimentación entre lo virtual y lo offline en cuanto a circulación de contenidos. Hay que considerar, además, que Internet tiene como agravante una característica muy particular. Por una parte, la inmediatez y la velocidad de propagación son inherentes a su esencia; por otra, los contenidos que allí se plasman son de difícil eliminación. Entonces, Internet se manifiesta de naturaleza dual, es simultáneamente muy rápida y muy lenta. Y a medida que pasa el tiempo, la tarea de desactivación de contenidos resulta cada vez más improbable.
Fui usuaria asidua de redes sociales. Me logueé en Twitter en 2007. Con el tiempo, estuve en el listado de usuarios “recomendados” por la red, algo que existía en esa época. Luego, entrado el 2010, hablar allí me empezó a gustar cada vez menos. El discurso público, la tarima, la pontificación me abrumaba. Tal vez porque ya estaba recibiendo, analizando y gestionando discurso de incitación al odio en mi puesto especializado en el tema desde la administración pública. Páginas de Facebook, usuarios de Twitter, acompañadas de muchas plataformas menos conocidas eran objeto de reclamos por parte de usuarios y usuarias desolados. Era 2011 y crecían los incidentes que eran denunciados ante el organismo, sucedidos en plataformas con publicación de contenidos de usuarios (blogs, redes, sitios web). No era fácil y sí urgente encontrar la forma de dar una respuesta a esas víctimas. Pero las redes sociales “no atendían el teléfono” y derivaban, previa denuncia formal, el asunto a sus estudios de abogados locales. Entonces al diseñar el espacio, les propuse a INADI (qué ingratas son las sociedades…un lugar que debería ser un think tank. Si no hubiera sido por el INADI la ley de matrimonio igualitario y todas las ampliaciones de derechos que vinieron después no hubieran sido posibles) “sentar” a la mesa de diálogo a las principales redes sociales y compañías con plataformas con publicación de contenidos de usuarios. Eran parte del problema, debían contribuir a la solución. Sobre todo para poder realizar gestiones de buenos oficios que evitaran solamente el abordaje de reclamos legales que se veían complicados debido a su legislación en otros países (un abogado lo podría explicar mejor que yo). Llas opiniones en contrario, incluso de especialistas, no eran pocas.
Igualmente el proyecto se apoyó en tres vértices: agentes sociales (ongs, programas de estudios del tema, bloggers) que brindaran consenso sobre la necesidad de dar respuesta a la problemática, la voz de INADI como organismo especializado (sin poder sancionatorio) y las redes sociales (a las cuales ya conocía por mis años previos en la tarea periodística especializada en la temática).
La Plataforma fue mi ocupación exclusiva y directa durante siete años. Tenía un canal abierto con las redes, consensuaba con mis pares y jefes (había algunes que aún creían que Internet era un espacio de libertad absoluta ubicado en al estratósfera), creación de materiales preventivos y concientizadores y junto, con Nadiha Molina, recepcionaba cientos de mail de personas discriminadas, hostigadas, desesperadas. Y por supuesto, siempre con abogadas/dos/es asesorando. En promedio la eficacia en la gestión (directa o indirecta a través de derivación a organismos pertinentes) rondaba el 70%. El trabajo fue silencioso, enorme en su caudal y balsámico para muchas víctimas agradecidas por devolverles lo que era nuestra obligación estatal: brindar recursos que garanticen el ejercicio de derechos en el ámbito de Internet.
Cuento estos procesos para que se entienda que es imprescindible concientizar acerca de diferentes casos de violencia discriminatoria producidos en la web a través de conductas que tienen un correlato en la realidad y que provocan consecuencias reales y siempre negativas en la vida de las víctimas de estos delitos. La Argentina cuenta con legislación que penaliza los actos discriminatorios. La Ley 23.592 los define como aquellos actos en los que arbitrariamente se impide obstruye, restringe o se menoscaba de algún modo el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Al hablar de discriminación y de incitación al odio, hay que considerar que existe una línea delgada, muchas veces finísima, entre la libertad de expresión y la discriminación. Por eso el tema debería tratarse con una precisión casi quirúrgica. Pero por más finos que sean, los límites están. Hay una ley antidiscriminatoria y hay otras normas que protegen derechos. Internet (por si algún trasnochado aún no se percató) no es un espacio de libertad absoluta. Como todos los ámbitos de las sociedades, se rige -o debería regirse- por normas.
Existe una resolución ideal una vez que la situación se ha producido. Ante este tipo de hechos lo más transformador para las sociedades y las personas es cuando los propios usuarios y usuarios revierten un hashtag discriminatorio, sin necesidad de intervención de la red. Tal fue el caso del hashtag global #GaysNoMerecenMedallas (también fue trending topic en Argentina) que nació como discriminatorio y usuarios y usuarias de la red señalaron esta condición y brindaron innumerables mensajes de apoyo a los grupos vulnerados, transformándolo en una bandera en pos de la inclusión y diversidad. Sin necesidad de enviar el hashtag a Blacklist. En ese entonces Patricia Cartes, Directora Global de Seguridad y Confianza de Twitter, con quien analizamos el tema, expresó públicamente que “Tras analizar la etiqueta hemos decidido no tomar acción. El motivo principal es que la gran mayoría de contenido es positivo y en apoyo a la comunidad LGBT. Para nosotros es muy importante que haya contenido en la plataforma de contra discurso. Cuando hay etiquetas negativas, es común ver en Twitter a la comunidad reaccionado en contra de la ideología tras las etiquetas y compartiendo contra narrativas. Otro buen ejemplo es #stopislam.”
Estas experiencias mencionadas arriba no me las contaron, trabajé en ellas en forma directa. La Plataforma de INADI se había lanzado en noviembre de 2010, con la presencia de bloggers, instituciones vinculadas a la tecnología, periodistas y ejecutivos de las redes. El representante de Google en el evento, expresó: “somos respetuosos de la Plataforma”. El cuanto al diálogo con las redes, podía parecer algo ingenuo eso de involucrar a quienes supuestamente hacían caso omiso a lo que empezaba a suceder en sus plataformas con relación a los discursos de incitación al odio. Pero la presión en cuanto al pedido de respuestas por parte de voces especializadas derivó en, por ejemplo, habilitar por parte de Google un link para facilitar la gestión de contenidos para casos de difusión no consentida de imágenes o video íntimos. Como dijo una gran estadista, “donde hay una necesidad nace un derecho”. He recibido casos en los que había cientos de este tipo de links al “googlear” a una persona. Imáginen por un momento la angustia de esa víctima. Imaginen un/una/une joven que concurre a la facultad y al socializar lo buscan redes para continuar en contacto. Porque los/las jóvenes hoy muchas veces ni se piden el teléfono, se “agregan” en redes. Imaginen si, entonces, les aparece esa “chorrera” de links de sitios pornográficos. Imaginen las diferentes discriminaciones que muchas veces eso acarreó.
Cuando una persona está siendo víctima de incitación al odio, lo único que quiere es que esa situación se detenga. Muchas veces, por el contrario, escala. Lo que me pedían todas las veces, sobre todo en contenidos discriminatorios y estigmatizantes, era: “quiten esos contenidos de allí”. La víctima, lógicamente, no quiere ver esos contenidos discriminatorios reproducidos y generalmente magnificados. Esos contenidos que la dañan, que vulneran sus derechos. En esos casos el odio no hace diferencia: la víctima tanto puede ser una empresaria poderosa, un adolescente que solo cuenta con un celular, un líder de derecha, una política avezada. O un periodista sobre el que apuestan si podrá aparecer “tirado en una zanja”.
Cuando alguien es víctima de discriminación en Internet y, como consecuencia de ello, se le aparta de ese espacio, se le cercena en su participación y se la limita en sus libertades. Por eso mantener una Internet sin violencia discriminatoria, sin incitación al odio, es ampliar las libertades para todo el mundo. A veces esos ataques se mantienen durante mucho tiempo, escalando cada vez más. A veces de forma no tan perceptible. En el caso de nuestra Vicepresidenta, el primer ataque que recibió en redes que yo recuerde fue en el año 2007, cuando publicaron una foto suya sin maquillaje y fue víctima de estigmatizaciones y burlas con tono discriminatorio. En ese momento escribí un post sobre ello, creo está subido todavía. Y ya entonces, Twitter aparecía como la plataforma preferida para hacer blanco en un objetivo.
Hagamos entonces un poco de memoria acerca de esta red. La aparición de Twitter, en marzo de 2006, agilizó y amplificó la difusión de mensajes, que por entonces no tenían características violentas sino que más bien se inclinaban por los temas de innovación tecnológica y de cualquier hecho inmediato que se considerara destacable. Entre los aspectos positivos de la masificación de Twitter, se cuenta el activismo digital de la Primavera Árabe, como en las protestas de Irán en 2009 y en los sucesos en Egipto en 2011. Fue en 2008 cuando la plataforma tuvo un salto en su crecimiento, entre febrero de 2008 y febrero de 2009 la cantidad de usuarios únicos aumentó el 1.382%. Sí, leyó bien, mil trescientos ochenta y dos por ciento en un año. Fue la red social que más rápidamente hubo crecido. En el camino recorrido por Twitter, hubo mejoras de sistema y de apariencia que se reflejaron en su crecimiento y masificación. Los cambios también aparecieron con respecto al servicio. No olvidemos que, para muchos usuarios – e incluso algunos especialistas - Twitter era en sus comienzos, un “espacio de libertad absoluta”, un laissez faire de las redes sociales. Poco a poco fueron perfeccionando sus términos y condiciones.
Sin embargo, a la par de sus aspectos innovadores, la red de microblogging se estaba convirtiendo en un espacio donde acosadores, discriminadores y trolls constituían una amenaza seria no sólo para los usuarios sino para la propia red.
En Twitter no estaban ajenos a la problemática ¿Qué notaron? Que el problema perjudicaba los intereses de la empresa. Lo expuso muy bien más adelante en el tiempo su Director Ejecutivo, Dick Costolo: Twitter “pierde un usuario clave tras otro por no afrontar los simples problemas de acoso a los que se enfrentan cada día”.
Como resultado de esta preocupación, sumado a sus intenciones de compromiso contra el discurso de odio y a favor de las diversidades, fueron presentadas en 2012 las Condiciones de uso y Reglas de Twitter, que eran completas y contenían precisiones sobre qué permitirían y qué no, también sobre cómo denunciar y fundamentalmente, sobre un canal claro para denunciar en la propia red. A partir de entonces, reportar contenidos inapropiados fue tan simple como situar el mouse sobre los tres puntitos que aparecían debajo de cada tweet y seguir los pasos indicados. La respuesta, sin embargo, al igual que en otras redes, no suele ser lo veloz que las situaciones ameritan.
Las principales redes sociales y plataformas con publicación de contenidos de usuarios han ido perfeccionando con los años sus condiciones de uso para tratar de contrarrestar los discursos abusivos. Pero la batalla parece aún lejos de terminar. Por otra parte, opino que a esta altura la pelota no debería estar casi siempre del lado de las compañías. Tenemos leyes al respecto (nuevamente, un abogado lo podría explicar más certeramente) la antidiscriminatoria, la de grooming, el nuevo Código Penal, la de imágenes. Los Estados tienen entonces el derecho y -por qué no- la obligación de ser parte de esa transformación para poder garantizar los derechos de la ciudadanía.