El patio de la discriminación

La pretensión de querer que 6500 chicos/as que no tienen medios electrónicos para poder proseguir sus estudios en la Ciudad de Buenos Aires, concurran a las escuelas para obtener esos saberes, es discriminatorio. Obviamente que la principal razón es la sanitaria. Estamos de acuerdo en que es un riesgo salir, viajar hasta la escuela, concurrir a otro lugar que no es la casa, juntarse con otros/as chicos/as. Por eso no hay clase. ¿Por qué habrían, entonces, de hacerlo ellos/as? ¿Por pobres, por una baja condición social, porque están a cargo de adultos responsables que no han podido llegar a proporcionarles los beneficios que muchos privilegiados tienen? Ahí aparece la discriminación: andá a la escuela por pobre y corré el riesgo de contagiarte. O corré esos riesgos que los otros/as, quienes tienen computadora o celular con paquete de datos, no van a padecer. Se necesitan iguales condiciones para todos/as. Es rol del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, el proveerles lo necesario para su posibilidad de estudiar mientras dure la pandemia. Dice el documento Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación en Argentina, Boletín Oficial, 2005 que es una práctica discriminatoria: “Establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento o acceso a determinados ámbitos o en la prestación de servicios sanitarios y/o educativos a un miembro de un grupo humano del tipo que fuere, con el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales.” Por su parte, el cuadernillo de INADI Somos Iguales y Diferentes da cuenta que: “Discriminar es arbitrariamente impedir, obstruir, restringir o menoscabar el pleno ejercicio de los derechos y garantías de ciertos sectores sociales de la población utilizando como pretexto su género, etnia, creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social o económica, elección sexual, edad, capacidades o caracteres físicos, etc.” Es tarea del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante asistentes sociales o con los medios que se requieran, dar una respuesta que resulte igualitaria para toda la población educativa. Entiendo que el Ministerio de Educación de la Nación dijo que las compus están. Falta que Educación de la Ciudad aporte los datos y la logística para equiparar con medios y asistencia a esa niñez que está esperando proseguir sus estudios en sus hogares. Sin ser discriminados/as. Porque mal que les pese, ese también es un derecho adquirido.

Las redes sociales y la regulación

Internet es libre. Y es así porque previa a toda discusión sobre si corresponde que lo sea, quienes tienen la sartén por el mango, o sea las propias redes sociales, así lo disponen. Teóricamente. En realidad es una falacia. Pero bueno, supongamos.

Ese espacio de libertad absoluta que se pretende es internet debería, al menos en los países que así lo pidan, adecuarse a sus leyes nacionales y adhesión a tratados internacionales que seguramente una abogada/o/e podría explicar mejor. Ya ha sucedido en otros países. Entonces el tema no es regular, eso no está bien planteado. El tema es respetar al país que le está dando acogida a la red. Argentina tiene unas leyes inclusivas que son motivo de orgullo, cuya piedra basal fue la Ley 23.592, conocida como ley antidiscriminatoria (que obviamente podría actualizarse para aggiornar orientación sexual e identidad de género, entre otros temas). Tenemos leyes ampliatorias de derechos que son maravillosas. Con lo que hay nos basta y sobra para empezar a desmotivar el discurso de odio. No hay que "regular internet", diputado/as, senadores/as. Hay que garantizar esas libertades.

Gestioné (con buenos resultados) por diez años la plataforma antidiscriminación en internet de Inadi, con gestiones que promediaron los mil casos al año. Me he metido en el barro. Y también conversé y acordé algunas veces sobre casos con los dueños de la sartén. Y he procurado la solución para víctimas que lo único que querían era que “saquen eso de ahí”: ese post, esas fotos, esos enlaces. Doloroso. Lo hemos logrado muchas veces. Y enviamos los casos al Ministerio Público Fiscal y a donde correspondiera, a través de los abogados/as/es del organismo siempre que fue necesario. El trabajo es de hormiga.

¿Cómo puede mejorarse? Con más presión de los Estados sobre las redes. No tenemos que regular nosotros, los Estados. Tienen que acatar ellos.

Lo enunciado arriba no tiene que ver con otro punto que se suele mezclar, que es el de las fake news y campañas de difamación orquestadas. Allí obviamente no hay un discurso de particulares, al menos no en su nacimiento. Allí las redes deben dar cuenta de otra manera, en algunos casos ya lo están haciendo. Incluso el “bombardeo” de avisos publicitarios está siendo puesto en duda. Por ejemplo, Twitter los prohibió en su plataforma en todo el mundo el año pasado.