Qué dejó el INADI y qué cambió en la Argentina desde su cierre.
Hubo, en sus momentos de gloria, una frase que funcionaba casi como un reflejo social: “Hola, INADI”. Bastaba decirla para que quien acababa de deslizar un comentario discriminatorio entendiera, ahí mismo, que algo no estaba bien. Es de manual para cualquier organismo especializado en discriminación que cuando se advierte públicamente sobre un hecho de este tipo, el efecto repercute en toda la sociedad. Ese reflejo ya no existe.
Al año de su cierre, en agosto de 2025, Ariana Soria -conocida en redes como “La Coqueta”- fue discriminada a la salida de un boliche por su identidad de género. A continuación, un policía la interpeló sobre lo mismo. “Que en pleno 2025 pase esto es muy triste”, reflexionó. Nadie le dijo que lo que le había pasado tenía nombre y efectos, porque no había nadie para decirlo. Cuando Sofía Ortiz denunció algo parecido en 2021, ese mismo año otras 49 personas hicieron lo mismo ante el INADI: un caso visible multiplicaba las denuncias, la protección se expandía con él. A Ariana, en 2025, eso no le pasó.
El 6 de agosto se cumplieron dos años sin el INADI. Quien fuera usina y motor de las más importantes leyes de ampliación de derechos en nuestro país -matrimonio igualitario, identidad de género, cupo laboral trans, todas hoy bajo amenaza o ya recortadas- pero que fue el mismo que absolvió a un presidente de su propia frase discriminatoria. El que distintas gestiones convirtieron, con demasiada frecuencia, en una caja de designaciones políticas. Y sin embargo, durante casi tres décadas, fue la única puerta a la que golpeaba alguien discriminado por su color de piel, su identidad de género, su origen o su discapacidad. El caso de Soria no fue el único en estos dos años. Hubo otros antes y otros después.
Lo que faltó
En enero de 2025, el propio presidente asoció desde el Foro de Davos la homosexualidad con la pedofilia, ante un auditorio internacional. En 2021, ante declaraciones mucho menos graves de Miguel Angel Pichetto sobre una ministra, el INADI había emitido un dictamen técnico calificándolas de discriminatorias; en 2025, frente a las de un presidente en ejercicio, no hubo ningún organismo con competencia específica para hacerlo.
Un mes después, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó en el Boletín Oficial una resolución que clasificaba a las personas con discapacidad intelectual como “idiotas”, “imbéciles” y “débiles mentales” para fijar el acceso a pensiones no contributivas. El Estado tuvo que salir después a aclarar que “no tuvo intención discriminatoria”. Los múltiples escándalos que protagonizaron algunas gestiones del INADI, taparon que , ante ese tipo de normas -no un exabrupto verbal, sino un texto firmado y publicado- era sobre las que el INADI producía observaciones técnicas antes de que llegara a imprimirse.
Durante todo 2025 la estigmatización de migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos se volvió rutina: operativos policiales de “saturación” en Flores, Once, Liniers y Villa Celina, un community manager presidencial festejando en redes haberle “bajado el plan” a 22 mil bolivianos, y la muerte de Richard Flores, boliviano, en una golpiza con insultos xenófobos que su propia comunidad describió, sin el INADI, no saber “a dónde acudir”. Xenofobia y racismo eran, literalmente, la mitad del nombre del organismo que ya no existe. El propio marco normativo se endureció en la misma dirección: el DNU 366/2025 agilizó los mecanismos de expulsión y habilitó el cobro de salud y educación pública a extranjeros, dando de baja el principio de gratuidad universal que regía desde 2003.
El discurso de odio también tuvo como blanco al periodismo: según Fopea, en 2025 hubo 278 ataques contra la prensa, un 55% más que en 2024 y la cifra más alta desde que existe el monitoreo, con Milei como agresor principal en 119 de esos hechos. Reporteros Sin Fronteras hizo bajar a la Argentina del puesto 66 al 98 en su ranking mundial en apenas dos años.
En julio de 2026, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, llamó a la selección de Francia “equipo africano flojo de modales”: el repudio no llegó desde ningún organismo argentino -el pedido de juicio político fue rechazado y el proyecto de repudio en el Senado ni siquiera se votó- sino desde la embajada francesa, que la declaró persona no grata.
Cuando anunció el cierre, en febrero de 2024, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida diciendo que institutos como el INADI “no sirven absolutamente para nada”, que suelen ser “grandes cajas de la política” conducidas por “funcionarios de dudosa idoneidad” y que privilegian “el empleo militante” por sobre la función. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que venía reclamando la medida desde 2021, lo definió en su momento como “una verdadera cueva de impresentables”. El comunicado oficial de la Casa Rosada fue más específico todavía: aseguró que las funciones de lucha contra la discriminación no desaparecerían, sino que quedarían a cargo del Ministerio de Justicia, que además absorbería al personal “idóneo” del organismo.
Los casos de estos dos años -Davos, el Boletín Oficial de discapacidad, Richard Flores, Hebe Casado- son, en los hechos, la respuesta a esa promesa. Ninguno de esos casos tuvo, hasta ahora, una intervención equivalente por parte de alguna dependencia oficial.
Un organismo que falló
El INADI fue un organismo que no murió siendo intachable. Lejos de ello, su descrédito fue cierto en algunos aspectos. Eso explica por qué tantos aplaudieron su cierre. Bajo Victoria Donda (2019-2022) hubo, además del escándalo por ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada de casa particular, una denuncia por discriminación en su contra dentro del propio organismo que dirigía -debido a adjudicarse “haber sido quien eligió a la primera funcionaria nacional trans”- salteándose a Lohana Berkins y Mara Pérez Reynoso. El caso más elocuente de doble estándar fue el de Alberto Fernández y su frase sobre los argentinos que “descendimos de los barcos”: el propio Fernández le pidió al INADI que evaluara sus dichos, y un mes después, el organismo -conducido por una funcionaria de su propio espacio político- dictaminó que no había existido discriminación, argumentando que el suyo “es un gobierno que promovió intensamente la igualdad de los grupos históricamente vulnerabilizados”. El organismo que luchaba contra la discriminación estaba absolviendo a un presidente de su propia frase discriminatoria. Las redes se llenaron de memes; el propio Ramiro Marra, pidió “cerrar ese kiosco”. Poco después, bajo otra conducción, el organismo actuó con dureza contra ese mismo legislador libertario por sus dichos sobre los piquetes, en pleno ascenso de la tensión con el espacio de Milei.
La disfuncionalidad no fue privativa del kirchnerismo. Durante la gestión de Javier Buján, designado por Mauricio Macri en 2015, el organismo quedó envuelto en una polémica por el cierre y la reubicación de delegaciones del interior para “ahorrar en alquileres”, un ajuste interno que generó tal ruido que ni siquiera contó con el respaldo de la Casa Rosada; Buján terminó desplazado del cargo en 2017, entre denuncias periodísticas de gastos exorbitantes con un gobierno que tampoco supo, o quiso, sostenerlo.
Más atrás en el tiempo, bajo la gestión de María José Lubertino (2006-2009), en enero de 2009, en medio del conflicto en Gaza, declaró que “Israel violó el derecho internacional y se le vino en contra”, una frase que la comunidad judía interpretó como una justificación de los escraches y ataques antisemitas de ese momento; la DAIA la cuestionó públicamente y el propio Gobierno tomó distancia. Estos episodios, sumados a la feroz interna Morgado-Rachid, los períodos tensionantes en la gestión de Buján, fueron gestiones atravesadas claramente por las internas políticas independientemente del signo partidario. En el caso de Morgado Rachid, además de la disputa de poder, había diferencias en cuanto a las posturas sobre los Qom de Formosa. Uno alineado con los lineamientos del Ministerio de Justicia, la otra respaldada por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros Aníbal Fernández.
En una política tan convulsionada y susceptible como la argentina, muchas veces la falta de escándalos suelen ser un indicador de buena gestión en el organismo referido. En ese sentido, las de Pedro Mouratián (Interventor desde 2011 a 2015), y la de Claudio Presman (2017 a 2019) fueron períodos con menos protagonismo personal y con más seriedad institucional, prueba de que el problema nunca fue el color político sino el criterio con el que se manejó cada gestión. Mouratián fue un alfil dentro del Kirchnerismo, específicamente en Derechos Humanos: fue vice de Lubertino, Coordinador en Secretaría de Derechos Humanos, Interventor de INADI, además de aceitados vínculos con la comunidad armenia y cargos honorarios en ACNUDH, APDH y otros. Presman, pata UCR del entonces Cambiemos, fue Legislador de CABA, Cámara de Diputados, Consejo Deliberante, Defensor (colegiado) Adjunto del Pueblo. Ambos interventores fueron nombrados luego de los episodios convulsionantes: la pelea Claudio Morgado- María Rachid y la salida de Javier Buján, respectivamente.
En manos de Donda, en cambio, quedó otro de los episodios más vergonzosos de la existencia de INADI: un manual de 21 páginas para periodistas que cubrieran el Mundial de Qatar 2022 -elaborado junto a la Defensoría del Público, y que llegó a citar Wikipedia como fuente para explicar la sharía y la política qatarí- que recomendaba, entre otras cosas, no decir que “se ve negra la suerte para el equipo” ni que alguien “compró la entrada en el mercado negro”. Terminó convertido en motivo de burla nacional; el periodista Ernesto Tenembaum lo definió como una “pavada” que le hacía un flaco favor a cualquiera que trabajara en serio contra la discriminación.
Cada intervención políticamente selectiva, cada dictamen que absolvía a un aliado o golpeaba a un adversario, cada gestión que priorizó el ajuste interno o la vidriera propia por encima de la función, fue erosionando la autoridad moral de un organismo que, para funcionar, necesitaba estar por encima de la interna de turno.
Un país que fue pionero
Hubo, también, un INADI que funcionó. Un informe propio de la Coordinación de Investigaciones y Observatorios del organismo, que analizó once años de denuncias a nivel nacional (2008-2019), muestra una institución que fue creciendo en capacidad de respuesta: el promedio de denuncias recibidas pasó de 1.900 por año en el trienio 2008-2010 a 2.500 en el trienio 2017-2019, con un pico de 2.731 en 2011.
Vale recordar que la Argentina no llegó tarde a la lucha contra el odio. Llegó primero. El INADI se creó en 1995, ocho años antes que el Conapred mexicano, que hoy sigue en pie y es referente regional en la temática. Un país que supo exportar su experiencia institucional a la región -interventores argentinos firmando acuerdos de cooperación con sus pares mexicanos, compartiendo protocolos con diversos países para los que era faro- hoy queda del lado de los países sin institución. Ese contraste indica claramente... seguí leyendo en Mi Substack
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